El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, ordenó el allanamiento de un penal donde se encuentra detenido Grasso, condenado por homicidio. La novedad es que se investiga la connivencia policial en estafas realizadas desde la cárcel a través de celulares.
Se imputó a un sargento, que habría facilitado el celular a Grasso para cometer las estafas. Una de las víctimas fue engañada con la oferta de un departamento en alquiler en Mar del Plata. Se investiga la connivencia policial en varios delitos, sumado al caso de Grasso, se menciona otro detenido en el penal de Magdalena.
En la celda de Grasso se encontró un celular, y en su agenda, el nombre del jefe de pabellón, quien también está siendo investigado. Se secuestraron 4200 teléfonos en un año en cárceles federales, lo que demuestra la dificultad para controlar el uso de celulares en los penales, a pesar de las restricciones.
La sobrepoblación en los penales bonaerenses, con 60.000 presos para 30.000 lugares, agrava la situación. La resolución de la cámara de casación penal bonaerense de marzo de 2020, que autoriza el uso de celulares por la pandemia, sigue vigente, lo que genera tensión.