Un informe expone la grave problemática del uso de teléfonos celulares en las cárceles bonaerenses, facilitando delitos como extorsión, estafas y hasta amenazas de muerte. A pesar de que el uso de celulares en penales se originó para permitir la comunicación de los detenidos con sus familias y abogados durante la pandemia, ahora se han convertido en herramientas para delinquir desde el interior de las prisiones.
Se detalla que existen más de 60,000 líneas de teléfonos celulares legales en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, a las que se suman las que ingresan clandestinamente. El costo de tener un teléfono en prisión varía entre 1 y 2 millones de pesos para pabellones comunes y hasta 10,000 dólares para máxima seguridad, lo que sugiere una complicidad dentro del sistema penitenciario.
El informe señala que la tecnología podría combatir este problema mediante inhibidores de señal, pero su implementación genera inconvenientes. Se menciona el caso del soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó con su arma reglamentaria, y se vincula la investigación de su muerte con la necesidad de controlar el uso de celulares en las cárceles.
Se hace un llamado a las autoridades, incluyendo al ministro de Justicia y al gobernador, para que tomen una decisión firme y pongan fin a esta situación. Se sugiere que la pena privativa de la libertad debería abarcar también la "libertad digital", y que las cárceles, en lugar de ser academias del delito, deberían impedir la reincidencia.