La defensa del anestesiólogo Hernán Boveri, principal imputado en la causa Propofol por sustracción de medicamentos como propofol y fentanilo del Hospital Italiano, objetó el peritaje de su celular secuestrado, alegando falta de consentimiento informado y presión policial al entregarlo sin saber que podía negarse.
La DATIP realiza extracciones forenses de dispositivos de Boveri y su partícipe secundaria Fini Lanusse, buscando chats, grupos de WhatsApp o Telegram que revelen redes de distribución de estas drogas hospitalarias, posiblemente ofrecidas como servicio remunerado en dólares entre 200 y 1200 dólares según la sofisticación. Un video real obtenido por el programa muestra cómo una persona sola extrae restos de propofol de ampollas descartadas en un quirófano, desmitificando los controles supuestamente inviolables.
El material gráfico, grabado en una institución médica anónima, ilustra la facilidad para manipular ampollas casi llenas o con sobrantes, que se desechan en contenedores accesibles hasta que se llenan, sin verificación inmediata de cantidades usadas versus descartadas. Panelistas destacan fallas en la cadena de custodia, falsedad ideológica en actas y riesgo para pacientes por posibles escatimes en anestesias.
Anuncian que la próxima semana mostrarán ampollas similares en vivo en el estudio para demostrar el acceso a estos descartes. Fuentes internas de instituciones médicas envían estos videos denunciando la problemática, vinculándola a muertes como las de Alejandro Salazar y el enfermero Betancourt, rodeados de ampollas en sus escenas fatales.
El juez Sánchez Sarmiento indaga el móvil del homicidio o muerte involuntaria, aunque Boveri no está imputado por ello aún, mientras testigos como Mechie S., N. y Tati Leclerc describen a anestesiólogos autoadministrándose propofol en horario laboral.