Los trabajadores de la empresa de seguridad Alesa Integral, como Víctor y Fabián, se encadenaron frente a la compañía en Flores porque no cobran sueldos desde diciembre, solo un pago en febrero por vacaciones, y la empresa les ordena presentarse en objetivos peligrosos donde fueron amenazados de muerte por residentes del barrio que rechazan el servicio.
Fabián relató que cuatro hombres del barrio, uno con arma de fuego, lo esperaron en su colectivo en Constitución y le dijeron que lo matarían si se presentaba al trabajo, afirmando que venían de parte de Carlos Gauna, presidente de Alesa. Los trabajadores denunciaron las amenazas a la empresa, pero Gauna se niega a cambiar el destino y exige que se presenten o no pagará.
Los delegados describen prácticas cuasi mafiosas, ya que otros compañeros del mismo barrio sí trabajan allí, mientras ellos, por ser delegados, son apretados. Víctor, de 51 años con cinco hijos y nietos, vende rosquitas en la calle para comer, y otros hacen changas esporádicas porque no alcanza. Un compañero fue despedido porque su esposa embarazada con epilepsia faltó por convulsión.
La empresa es intransigente, no dialoga ni paga, y los trabajadores resisten encadenados hasta obtener solución, denunciando discriminación y falta de obra social. El panel destaca que empresas de seguridad suelen declarar quiebra para evadir deudas salariales.