En Lyon, Francia, inspectores de trabajo recorren ferreterías y obras en busca de economía sumergida en construcción, comercio y atención al público. Entrevistan jornaleros que negocian precios en minutos para trabajos no declarados.
Controlan documentos y contratos: dos trabajadores están en regla, pero un empleado de limpieza carece de datos del empleador y fecha de inicio, muestra nerviosismo y solicitud de asilo, lo que genera sospechas de trata de personas por su vulnerabilidad con familia en la calle.
Empresarios como un artesano anónimo del sur de Francia contratan cinco personas en tejados sin declararlas porque declarar no resulta rentable por altos gastos y escasez de mano de obra. Factura 800 mil euros al año sin pagar cotizaciones, dejando a empleados sin seguro ni jubilación.
El fraude cuesta 7 mil millones de euros al Estado en 2025. En URSAF revisan expedientes de alto riesgo; recuperan solo 10% de 1.500 millones detectados. Justicia en Niza usa técnicas antinarcotráfico: escuchas, seguimientos. Penas: multas hasta 45 mil euros y prisión de 3 a 10 años.