En el sur de Francia, empresarios del sector construcción admiten contratar trabajadores sin declararlos para evitar altos costos laborales y cotizaciones sociales, facturando hasta 800.000 euros al año sin pagar impuestos.
Los inspectores de la URSAF revisan expedientes de empresas sospechosas de fraude, detectando 1.500 millones de euros en cotizaciones impagas en 2025, pero recuperan solo el 10% porque muchas quiebran y desaparecen.
En el tribunal de Niza, la justicia aplica técnicas de narcotráfico como escuchas y seguimientos contra defraudadores, con multas de hasta 45.000 euros y penas de prisión de hasta 10 años en casos organizados.
El fraude laboral cuesta 7.000 millones de euros al Estado francés, aunque es menor que el fiscal estimado en 80-100.000 millones anuales.