El gobierno de Javier Milei recrudece su conflicto con los periodistas al prohibirles el ingreso a Casa Rosada por una denuncia de espionaje ilegal de la Casa Militar, medida sin precedentes que ni en dictadura ocurrió, afectando a trabajadores de prensa con hasta 20 años de acreditación.
Un grupo de diputados nacionales, incluyendo Juan Marino, Mónica Frade y Marcela Pagano, presentó una carta exigiendo explicaciones urgentes y el restablecimiento de la sala de prensa, destacando que menoscaba la libertad de expresión y el acceso a la información pública.
En contexto de crisis económica, el índice de confianza de la Universidad de Itela cayó casi 6%, con baja en confianza del consumidor e ingresos; el ministro Caputo atribuyó la caída de 2,1% interanual en actividad económica de febrero a un paro general y días hábiles menos, mientras el gobierno responsabiliza a la prensa por mostrar encuestas negativas.
El panel criticó la medida como inconstitucional e ilegal, recordando insultos previos a periodistas, querellas y condiciones deplorables en el Congreso, en un gobierno que permite ingreso de amigos de Manuel Adorni como la escribana que visitó siete veces Casa Rosada.