El gobierno nacional impidió el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada tras un incidente con una cámara oculta en anteojos de un reportero, que filmó pasillos internos. La medida, justificada como preventiva por espionaje ilegal, afectó a unos 80 acreditados, aunque solo 20 rotan diariamente, y generó críticas por su generalización y falta de documento oficial.
Periodistas como Lautaro Maslí y Silvia Mercado reportaron que la policía y personal de Presidencia bloquean el acceso antes de las huellas dactilares, sin resolución formal publicada. La Casa Militar presentó una denuncia penal contra un canal de TV por el uso de anteojos tipo Ray-Ban con cámara, similar a los de Patricia Bullrich, en espacios de circulación libre pero regulados.
El panel debatió la inconstitucionalidad de la medida, invocando artículos 14, 32 y 45 de la Constitución sobre libertad de expresión, y la comparó con restricciones previas en gobiernos de Macri. Se cuestionó por qué castigar a todos por un caso aislado, sugiriendo cortina de humo ante problemas económicos como cierre de empresas y protestas.
Los periodistas planean una reunión y nota conjunta de medios para exigir formalidad y reversión, recordando accesos abiertos en crisis del 2001 y restricciones graduales desde 2013.