El gobierno de Javier Milei impidió el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada tras un incidente con un equipo de un medio que grabó espacios internos con lentes cámara sin autorización, lo que derivó en una denuncia penal de la Casa Militar por violación a la seguridad nacional.
Javier Lanari aclaró en Twitter que se quitaron las huellas dactilares de forma preventiva por la denuncia de espionaje ilegal. La conductora Cristina Pérez cuestionó la medida como desmedida y arbitraria, ya que afecta a periodistas no involucrados y viola el derecho ciudadano a la información sobre actos públicos.
El panel debatió el choque entre libertad de prensa y seguridad: algunos criticaron la grabación clandestina como inapropiada, sin amenaza real visible (solo pasillos y recreaciones IA), mientras otros la defendieron como recurso periodístico válido ante polémicas como autorizaciones dudosas. Se mencionó retórica presidencial contra el 95% de periodistas como delincuentes y antecedentes en dictadura.
FOPEA comunicó que los periodistas avisaron previamente, pero persiste el debate ético sobre cámaras ocultas y el rol de la prensa en democracia, con llamados a no extender castigos a todo el gremio.