El gobierno contraataca la ley de emergencia en discapacidad con un proyecto en el Senado llamado "Ley contra el fraude en pensiones de invalidez", que busca achicar beneficiarios mediante reempadronamiento obligatorio en 90 días (prorrogable un mes) y bajas automáticas por incumplimiento.
Incluye auditorías permanentes cruzando datos de patrimonio e ingresos para detectar irregularidades. El Congreso aprobó previamente la ley de emergencia pese al veto gubernamental y la ratificó.
Panel critica como "motosierra" a discapacidad, notando burocracia engorrosa para familias que ya presentan documentación anual, muchos sin acceso online ni tiempo.