El gobierno impulsa un proyecto de ley Contra el fraude de pensiones por invalidez que obliga a reempadronamiento con nuevos estudios médicos, ignorando la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso y ordenada por la justicia.
Panel critica la medida por complicada para personas en zonas remotas sin medios para estudios, y por obligar a elegir entre pensión y trabajo, eliminando inclusión laboral para discapacitados que subsisten con changas miserables.
Se menciona escándalo de Manuel Adorni con radiografía de perro y corrupción en Agencia Nacional de Discapacidad; el proyecto entra por Senado con apoyo oficialista pese bronca con algunos PRO como Cristian Ritorno.
La pensión es 70-80% de jubilación mínima, insuficiente, y el gobierno busca achicar gastos achacando fraudes aunque desprotege a vulnerables.