El gobierno de Milei presentó una nueva ley contra el fraude en pensiones por discapacidad, que obliga a un reempadronamiento de todas las pensiones existentes y establece controles estrictos con intercambio de datos entre ANSES y otros organismos.
El proyecto, impulsado por el ministro de Salud Mario Lugones, limita las pensiones al 70% de la jubilación mínima. Surge tras vetos previos y busca eliminar irregularidades detectadas desde el inicio de la gestión libertaria.
Ya hay polémica: prevén movilización al Ministerio de Salud el miércoles y batallas en el Congreso. La senadora Patricia Bullrich negocia consensos en comisiones, abiertos a cambios sin alterar el espíritu de la ley.