El gobierno busca modificar la ley de discapacidad después del veto a la ley de emergencia. Envía al Congreso cambios como reempadronamiento obligatorio, bajas automáticas y auditorías periódicas.
Las personas con pensiones por invalidez deben reempadronarse en 90 días prorrogables a 120, o pierden la prestación. Incluye entrecruzamiento de datos fiscales y bancarios para detectar fraudes.
Se elimina la posibilidad de trabajo formal sin perder la pensión y la actualización automática de honorarios de prestadores. Los panelistas critican los cambios como obstáculos para familias y discapacitados.
La ley se llama "Ley contra el fraude en pensiones por invalidez" y se presenta como foco en irregularidades, aunque se cuestiona su impacto en casos crónicos.