Las familias de personas con discapacidad presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que obligue al Gobierno nacional a cumplir con la ley de emergencia en discapacidad, pese a que el Ejecutivo la reglamentó de manera deficiente e incumpliendo obligaciones como el pago de prestaciones.
El abogado constitucionalista Diego Armés, representante de asociaciones afectadas, explicó que la Cámara Federal de San Martín declaró el caso abstracto tras la reglamentación, pero el fondo persiste porque el gobierno no aplica medidas clave como aumentos pendientes ni reconoce prestaciones, usando el ejemplo de una ley que obliga a remeras blancas pero se reglamenta solo como remeras.
Armés criticó la demora de la Corte, que puede extenderse meses, y rechazó argumentos del gobierno sobre invasión al Ejecutivo, recordando que el Congreso rechazó el veto presidencial, obligando a promulgar la ley. También desestimó denuncias de fraude en pensiones, pidiendo auditorías reales en lugar de propaganda como la radiografía de un perro mostrada por el vocero presidencial.