Familiares de personas con discapacidad presentan recurso extraordinario ante la Corte Suprema contra la negativa del Gobierno nacional a aplicar la ley de emergencia en discapacidad, pese a su sanción en Congreso y rechazo de veto presidencial.
Tras amparo colectivo fallado favorablemente en primera instancia en Campana, el Gobierno reglamentó la ley a su modo incumpliendo medidas como pagos a prestadoras, lo que Cámara Federal de San Martín declaró abstracto; ahora buscan que Corte resuelva el fondo y obligue cumplimiento pleno.
El abogado constitucionalista Diego Armés, representante de asociaciones, explica que reglamentar no resuelve el problema pues el Ejecutivo altera el fondo de la ley, como ignorar obligaciones específicas; compara con remeras blancas vs. cualquier remera, insistiendo en que el Congreso mandató medidas concretas.
Argumentan que Judicial no invade Ejecutivo al exigir aplicación de ley doblemente aprobada; Procuración del Tesoro alega invasión de facultades, pero Armés rebate que Constitución obliga promulgar y aplicar tras rechazo de veto. Tiempos judiciales eternos, con centros de día cerrando la próxima semana por falta de fondos.
Precedente clave para respetar Constitución y leyes como esta, similar a emergencias pediátrica o universidades; colectivo exige cumplimiento ya, recordando que fallos judiciales deben acatarse.