Autoridades de Ibaraki, al noreste de Tokio, ofrecen 10.000 yenes (53 euros) a vecinos que denuncien extranjeros trabajando irregularmente, en un programa lanzado hace un año.
El Colegio de Abogados de Ibaraki y más de una decena de ONGs critican la medida por fomentar discriminación, xenofobia y prejuicios contra las personas de origen extranjero, sin ofrecer soluciones reales al problema laboral.