El gobierno recurrió directamente a la Corte Suprema con un per saltum para frenar la suspensión cautelar de 80 artículos clave de la nueva ley laboral, aprobada en febrero pero no aplicada por acción de la CGT.
La CGT alegó inconstitucionalidad en un tribunal laboral, que dictó la cautelar impidiendo su vigencia y reglamentación. El Ejecutivo saltea instancias intermedias y pide resolver de fondo la constitucionalidad.
La Corte debe evaluar si la cautelar procede y definir la cuestión principal, con medida de no innovar vigente. El gobierno urge su aplicación ante demoras.