La Procuraduría General del Tesoro trabaja contrarreloj en la ampliación del per saltum para llegar a la Corte Suprema y rebatir al juez que suspendió la reforma laboral aprobada por el Congreso.
El gobierno argumenta que el juez de justicia ordinaria no puede suspender una ley nacional ni arrogarse facultades de otro poder, ya que no existe caso concreto de trabajador afectado y previamente se le ordenó inhibirse.
El juez rechazó la presentación alegando que el procurador no tiene matrícula; fuentes judiciales sugieren zancadilla política posiblemente ligada a Santiago Caputo, mientras la procuraduría califica esto como guerra contra la casta del fuero laboral que sostiene la industria del juicio.