El gobierno nacional trabaja contrarreloj en la Procuraduría General del Tesoro para presentar una ampliación a la Corte Suprema y rebatir al juez laboral que busca quedarse con la causa de la reforma laboral y suspender su implementación.
La CGT impulsó la presentación alegando violación a garantías constitucionales, pero el gobierno argumenta que un juez de justicia ordinaria no puede suspender una ley del Congreso ni arrogarse facultades de otro poder, sin caso concreto de trabajador afectado.
El juez rechazó la presentación del procurador por falta de matrícula; fuentes judiciales señalan que debió firmar el doctor Amerio y sugieren zancadilla política ligada al asesor Santiago Caputo en la "guerra contra la casta del fuero laboral" que sostiene la industria del juicio.