El equipo técnico interdisciplinario de la Suscripción Judicial número 11 de Comodoro Rivadavia interviene de urgencia en el caso de Ángel, el niño asesinado por su progenitora y padrastro tras negligencia judicial previa. La medida responde a fallas en informes de psicólogos, asistentes sociales y jueces que ignoraron señales de riesgo, como un video del niño rechazando a la madre biológica y techo roto en la casa donde dormía al aire libre.
El panel criticó duramente la prisión preventiva de los responsables para evitar miedo en la comunidad y fomentar testimonios, recordando familiares de Misiones que revelaron más sobre Dante, hermanito de Ángel. Destacaron la politización de la justicia federal en Comodoro Py y provincial, con procesos lentos de jury y ejemplos como la jueza de Lucio. La intervención rápida del ente asesor de juzgados de familia es vista como paso adelante impulsado por presión mediática.
Mario Garrido, abogado de la familia Dupuy, afirmó que la Ley Lucio no está reglamentada pese a adhesiones provinciales, con capacitaciones incumplidas y organismos de protección como letras muertas. Criticó la falta de prevención y supervisión post-entrega del niño, exigiendo investigación de juez, psicóloga y asesora de menores Verónica Roldán por omisiones, con posible juicio político e incumplimiento de deberes públicos.
El debate subrayó errores del equipo interdisciplinario, rol clave de la asesora de menores en protección infantil y ausencia de control tras restitución a la madre, pese a evidencias graves como denuncia socioambiental ignorada.