La familia paterna de Ángel Alejandro, asesinado en Comodoro Rivadavia, junto al abogado Roberto Castillo, exige justicia tras la detención de la madre biológica Mariela y el padrastro Michael, imputados por el crimen. Revelan que la psicóloga Jennifer Leiva recomendó entregar al niño a la madre pese a evidencias en contrario, y que su dictamen no era vinculante pero influyó decisivamente.
El padre Luis y su pareja Lorena, a quien el niño llamaba mamá, denuncian falsas denuncias de Mariela para obtener la tenencia, restricciones perimetrales injustificadas y negligencia del juez Pablo Pérez y la defensora Verónica Roldán del Ministerio Público de Menores. Critican un sistema ideologizado que prioriza a la madre sin investigar, comparándolo con el caso de Lucio, y aseguran violencia sostenida con 20 golpes según autopsia.
Los padres relatan el abandono de Ángel en una casilla precaria, hambre y caminatas solo al jardín con cuatro años, contrastando con su vida estable previa. Exigen prisión preventiva para los detenidos y responsabilidad penal para jueces y peritos, con apoyo masivo en la fiscalía y llamados a testigos de la zona 501 pese a amenazas.
En emotivas entrevistas, Luis y Lorena claman por todos los culpables, incluyendo a Leiva a quien llaman "feminista" mentirosa, y afirman que Ángel "sigue hablando" muerto. La familia recibe pedidos de ayuda de otras víctimas de injusticias en Comodoro Rivadavia.