La Justicia dictó prisión preventiva sin cárcel contra el anestesista Hernán Boveri del Hospital Italiano y la residente Delfina Fini Anunciá por malversación de caudales públicos y suministro ilegal de propofol y fentanilo, sustraídos del hospital para uso recreativo en un grupo que incluía a otra anestesista residente.
Se les embargaron 70 millones a Boveri y 30 millones a Fini Anunciá, se les prohibió salir del país y se iniciaron trámites para suspender sus matrículas médicas. Boveri, con 16 años en el hospital y jefe de anestesiología, renunció. La muerte del anestesista Salazar el 20 de febrero, encontrado con una vía de propofol y fentanilo, impulsó la pesquisa, aunque su causa por suicidio está estancada.
El toxicólogo Carlos Damín explicó los estrictos controles en hospitales como el Fernández: trazabilidad de ampollas, descarte con dos personas y registro de retornos. Estos fármacos se usan masivamente en cirugías, pero su desvío es posible si fallan protocolos. En EE.UU., el fentanilo causa 100.000 muertes anuales por uso indebido, declarando emergencia sanitaria.
El panel debatió si fue suicidio o consumo recreativo supervisado, la sensación de omnipotencia en anestesiólogos por su expertise y la necesidad de protocolos uniformes. No hay evidencia de compra-venta ni fiestas masivas, sino reuniones para "desconectarse". La comunidad médica está conmocionada, pero Damín defendió la calificación profesional general.