El gobierno implementa el Registro Integrado de Beneficiarios (RIV) desde abril para unificar bases de datos de ayudas sociales como AUH, usando inteligencia artificial para monitorear ingresos.
Requerido por FMI, detecta cambios como empleo nuevo o ayudas duplicadas entre nación, provincias y municipios, dirigiendo recursos a quienes realmente necesitan.
No requiere nuevo registro de beneficiarios, pero genera desconfianza por recortes previos en pensiones; objetivo es evitar abusos sin afectar legítimos.