El juez Raúl Horacio Ojeda hizo lugar a la medida cautelar presentada por la CGT el mismo día de la promulgación en el Boletín Oficial, suspendiendo 82 de 218 artículos de la reforma laboral para evitar efectos irreversibles como el FAL de despidos y la homologación de convenios colectivos.
El magistrado argumentó que se cumplen los requisitos de inmediatez y daño a derechos adquiridos, cuestionando qué pasaría si se activa el entramado del FAL y luego se declara inconstitucional, o si se repite la fallida experiencia de homologación previa. El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro dirigida por Sebastián Amerio, apelará la decisión en este y otros litigios contra la ley.
En el panel, se defendió el proceso constitucional de formación de la ley aprobado por 257 diputados y 72 senadores, criticando que un solo juez se sienta más importante y genere confusión para las empresas que empiecen a contratar, aplicando solo parte de los artículos. Se calificó como una mala noticia para la Casa Rosada, aunque no se esperaba tan rápido.