Un juez de primera instancia dictó una medida cautelar que suspende provisionalmente la aplicación de 85 artículos de la ley de reforma laboral, aprobada en febrero en tiempo récord por el Congreso. La CGT presentó la demanda alegando inconstitucionalidad de casi toda la norma, clave para el gobierno que busca flexibilizar el mercado laboral y fomentar contrataciones.
El gobierno anunció que apelará la decisión dentro del plazo legal. Panelistas destacaron la batalla cultural entre la visión intervencionista y protectora de la CGT, con alto trabajo en negro según el Ejecutivo, y la perspectiva liberal del gobierno que promueve despedir y contratar con mayor flexibilidad.
La ley representa una bandera para el gobierno liberal, definiendo su modelo económico frente a la tradición cerradista de la CGT.