La jueza Sandra Arroyo Salgado explicó que presos en penales bonaerenses usan celulares para extorsionar, incluyendo a jueces como Luis Cayuela y Estepa Ñuc de San Isidro, haciéndose pasar por empleados para robar códigos WhatsApp y contactos. Relató casos fatales como suicidios por extorsiones con perfiles falsos, y en allanamientos hallaron hasta siete celulares por interno en lugares como Magdalena.
En Buenos Aires se autorizaron celulares durante la pandemia por decisión excepcional de la Cámara de Casación, limitada a no cometer delitos, pero persiste el uso para narcotráfico, robos, grooming y violencia de género. Líderes de bandas dirigen operaciones desde prisión vía Internet y redes sociales.
Se propone reformar el Código Penal para incluir pena privativa de libertad digital junto a la física, prohibiendo dispositivos en cárceles federales con inhibidores, y extender a provincias. El diputado bonaerense Oscar Lieberman presentó proyecto de ley similar. En Devoto usaban estudios universitarios para acceso a Internet y delitos.
El Estado debe priorizar víctimas sobre delincuentes, ya que falló en prevención y cumplimiento de condenas. La entrevista destacó la incapacidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.