Cristina Fernández de Kirchner rechazó responder preguntas en su alegato inicial por la causa Cuadernos de las coimas, argumentando prácticas mafiosas de jueces y fiscales como Claudio Bonadio y Carlos Stornelli, confirmadas en el caso D'Alessio con extorsiones probadas a empresarios.
Denunció que el Poder Judicial reemplazó a las Fuerzas Armadas en intervenciones institucionales, politizado por el Consejo de la Magistratura desde la Reforma del 94, donde jueces arman listas electorales y se autojuzgan, distorsionando su rol constitucional original de ternas del Ejecutivo y aprobación del Senado.
Cuestionó la estigmatización de la obra pública en causas contra líderes populares como ella, Lula y Correa, destacando su rol multiplicador económico sin insumos importados, a diferencia de pagos a empresas extranjeras en salud y energía sin investigaciones por corrupción. Pidió pruebas concretas de sobornos en su caso y señaló adulteraciones en los cuadernos.
Predijo crisis económica agravará descrédito judicial y se negó a preguntas hasta que citen a Mauricio Macri por parques eólicos, Luis Caputo por deuda y comisiones en BCRA, o investiguen 20 mil millones del FMI, llamándolo un "circo" para tapar problemas reales.