La ley de amnistía aprobada por la presidenta venezolana Delcy Rodríguez el 19 de febrero excluye a militares y opositores como María Corina Machado por delitos como rebelión y traición. Aunque el oficialismo la presenta como acto de grandeza post-operativo militar estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro el 3 de enero, juristas y ONG como Foro Penal la critican por limitaciones, no reconocer víctimas ni derogar leyes contra el odio que permiten re-procesar liberados.
La norma amnistía hechos políticos desde 1999 pero omite homicidios intencionales, traición y ataques a soberanía, dejando fuera casos como Operación Gedeón. Madres de militares denuncian traslados a cárceles peores sin aviso y seis meses sin contacto; Giancarlo Cariel relata el calvario de su hermano Jackson, detenido tres años por activismo con explosivos montados.
Testimonios revelan torturas: bolsas con insecticida en cabezas, descargas eléctricas en genitales, arrodillamientos prolongados y celdas sin sol. Más de 650 presos liberados desde enero muestran desapariciones forzadas iniciales y negación de atención médica.
Javier Tarazona, liberado tras 1.675 días por denunciar guerrilla colombiana, enfrenta imputaciones paradójicas de odio y terrorismo; sus acusadores están presos por corrupción. Prohibido salir del país y citaciones semanales destruyen su carrera, pese a transformar su celda en aula de filosofía.