La ley de amnistía aprobada por Delcy Rodríguez excluye a militares y opositores clave como María Corina Machado por delitos de rebelión y traición a la patria. Aunque el oficialismo la presenta como gesto de grandeza tras el operativo militar estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro, juristas y la ONG Foro Penal la critican por sus limitaciones, ya que no reconoce a las víctimas ni deroga leyes contra el odio que permiten reprocesamientos.
Presos políticos como Javier Tarazona, detenido cuatro años y seis meses por denunciar guerrilla colombiana, y Jackson Ricardo Cariel, abogado de derechos humanos implicado en caso de explosivos, sufrieron torturas, desapariciones forzadas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas e insecticidas, y aislamiento en celdas de castigo sin luz.
Tras liberaciones de más de 650 presos, familiares denuncian traslados a cárceles peores sin notificación y negación de atención médica. Tarazona transformó su celda en aula de filosofía pese a prohibiciones de salida y presentaciones judiciales semanales que destruyen su carrera.
El Parlamento venezolano designó una comisión para evaluar casos fuera de la ley, y abogados exigen desmantelar el aparato represivo. Foro Penal reporta más de 500 presos de conciencia restantes, afirmando que basta con voluntad política para liberarlos.