El juez federal Julián Alcolini ordenó allanar la sede de la Unión Obrera Metalúrgica en Capital Federal por presunta administración fraudulenta en la gestión de aportes de 200.000 afiliados. La causa investiga al titular Abel Furlan y María Soledad Calle de la empresa USEM, a la que el gremio derivó pagos por 100 millones de pesos innecesariamente.
El operativo se realizó hoy en calle Encina 487, donde agentes judiciales secuestraron documentación requerida por la fiscalía de Eduardo Taiano para análisis posterior. Desde el gremio trascendió que presentarán voluntariamente todo lo pedido, afirmando que no ocultan nada.
La denuncia surgió de un informe periodístico de Nico Muñaki y Floriti, que disparó la investigación federal llevada a cabo al mediodía.