La policía de la Ciudad de Buenos Aires mantiene rodeado un edificio en Garay al 400, en Constitución, para ejecutar un desalojo por riesgo de derrumbe y supuesta usurpación de propiedad privada tomada hace 20 años. Alrededor de 70 familias residen allí, muchas desde hace décadas, y varias se amotinaron en la puerta principal para impedir el ingreso policial.
Los vecinos niegan cualquier peligro estructural y afirman que el edificio es habitable, con condiciones adecuadas. Revelaron que pagan alquiler directamente al Gobierno de la Ciudad, el mismo que ordena el desalojo, y que recibieron subsidios habitacionales. Una vecina con 25 años de antigüedad contó que el aviso fue sorpresivo, prometiendo retorno en tres días que no se cumplirá, y que cortaron gas y amenazan con la luz para forzar la salida.
Eva, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, denunció la irrupción ilegal sin orden judicial ni informe técnico de derrumbe, solo un papel sobre condiciones habitacionales. La organización presentó un amparo judicial hace horas, destacando expedientes abiertos y falta de propietario acreditado. Afirmó que familias reciben subsidios del gobierno porteño.
Llegó la Defensoría del Pueblo, y residentes como una mujer con un año y tres meses de vivir allí confirman pagar alquiler mensual a un encargado, negando escapes de gas alegados. El operativo incluye camiones listos para retirar pertenencias, pero la resistencia persiste con personas saliendo por ventanas para evitar la puerta bloqueada.