La tensión escala en el desalojo del edificio en Garay al 400, Constitución, donde alrededor de 50 familias resisten la intervención policial por supuesto riesgo de derrumbe y usurpación. La periodista Abigail reporta que un abogado de los vecinos presenta una orden judicial contra la operación, mientras efectivos custodian las puertas sin orden de ingreso aún.
Los vecinos afirman habitabilidad y pagan alquiler a un encargado, negando escapes de gas o peligros. El gobierno porteño cortó servicios como gas por conexiones ilegales y posiciona camiones para desalojo inmediato, argumentando peligro estructural en el Hotel Zabalía.
En exclusiva, la abogada Florencia Arieto, legisladora de La Libertad Avanza y representante legal de los dueños, denuncia una "usurpación clásica" por la familia Ríos, liderada por Carlos Ríos, quien cobra hasta 100 mil pesos mensuales por cabeza en un hotel con dueños legítimos. Revela un contrato rescindido con el gobierno de la Ciudad para albergar personas en situación de calle, y acusa a los ocupantes de secuestrar a quienes quieren salir.
La situación se agrava con un bebé enfermo con fiebre y vómitos que requiere ambulancia urgente, pero los vecinos bloquean el ingreso por temor al desalojo. Arieto responsabiliza a la "banda de delincuentes" Ríos por cualquier incidente, enfatizando el peligro de derrumbe y la ilegalidad de la ocupación.
El conductor refuerza que el hotel tiene dueño y urge recuperación, advirtiendo responsabilidad de Carlos Ríos por retener a las familias en condiciones precarias con luz y gas colgantes.