La misión de la ONU concluye que la maquinaria represiva en Venezuela permanece operativa pese a la captura de Nicolás Maduro, con funcionarios implicados en crímenes de lesa humanidad aún en el Ejecutivo.
El informe detalla detenciones arbitrarias de al menos 135 personas entre septiembre y diciembre de 2025, incluyendo torturas, violencia de género y arrestos de familiares como represalia. Se registraron tres muertes bajo custodia estatal por falta de atención médica oportuna.
La misión extendida hasta octubre de 2026 critica la intervención militar de EE.UU. como ilegal, pese a responsabilidades de Maduro, y exige justicia con garantías para todos los actores represivos. Destaca la ley de amnistía pero advierte su alcance restrictivo excluye presos políticos y militares rebeldes.
Organizaciones de derechos humanos respaldan la liberación inmediata sin amnistía para detenidos injustamente.