La Justicia revocó la orden de desalojo de la planta FATE en San Fernando, permitiendo que los trabajadores continúen resistiendo en el lugar ante el cierre de la empresa.
Los empleados, sin sueldos desde el 18 de febrero, organizan ollas populares con apoyo familiar y vecinos. La empresa alega riesgos por material radioactivo, pero inspecciones judiciales no detectaron problemas y la firma prefiere pagar multas antes que salarios.
Leo Albertoli, delegado, denunció la actitud bochornosa de la empresa, que acusa a los trabajadores de dañar maquinarias sin pruebas, mientras directivos como Milley y Madanes Quintanilla no buscan soluciones. Se extendieron cinco días más de conciliación.
Adrián, un trabajador con 20 años en la firma, y su familia numerosa acampan a la puerta para dar apoyo moral en esta situación dramática que impide proyectar el futuro.