El Gobierno Nacional promulgó la ley 27.801 de régimen penal juvenil, impulsada por la senadora Patricia Bullrich, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establece penas diferenciadas según edad y circunstancias.
Aprobada en el Senado por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, la norma prioriza la privación de libertad como último recurso y por el menor tiempo posible.
La ley reconoce derechos de las víctimas, permite su participación en procesos, acceso a información y reparación civil contra responsables legales de adolescentes.
Incluye instancias de conciliación, mediación y especialización obligatoria para jueces, fiscales y defensores, aunque el oficialismo la celebra como victoria mientras organizaciones de derechos humanos anticipan debates por la baja de imputabilidad.