El gobierno promulgó el régimen penal juvenil que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, tras intenso debate en el Congreso Nacional en ambas cámaras.
La norma establece penas diferenciadas por edad y circunstancias, priorizando la privación de libertad como último recurso y por el menor tiempo posible, prohibiendo penas perpetuas, antecedentes permanentes y reclusión con adultos.
Reconoce derechos de víctimas con participación en procesos, acceso a información y reparación civil a responsables legales como padres. Incluye mediación, conciliación y especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia juvenil.
Se debate si la baja incentivará que menores de 14 reciban armas de los de 14 años, complicando el problema delictivo.