Vecinos indignados irrumpieron en el sitio del derrumbe e hicieron parar las grúas que removían escombros, considerados pruebas importantísimas para un juicio futuro y recuperar pérdidas.
Los afectados denuncian que no se permitió el ingreso de peritos oficiales ni de los contratados por el estudio de abogados que los asesora, y acusan a la fiscalía de aprobar solo lo que quiere.
La policía, con apenas 10 efectivos, fue superada por los manifestantes que corrieron hacia las máquinas gritando "nos cagaron" y exigiendo no remover el material sin autorización.
Las grúas se detuvieron tras la protesta, y ahora hay diálogo con ingenieros de la compañía en presencia policial, a la espera de órdenes de la fiscalía.