Los vecinos del edificio derrumbado irrumpieron en el sitio e hicieron parar las grúas que removían escombros, considerados pruebas clave para futuros juicios y recuperar pérdidas económicas.
Denuncian que no se permitió el ingreso de peritos oficiales ni de los contratados por su estudio de abogados, y acusan a la fiscalía de aprobar solo lo que conviene. La policía, con apenas 10 efectivos, fue superada por los manifestantes que corrieron e ingresaron al lugar, frenando las máquinas.
Tras la intervención, llegaron más policías incluyendo infantería, y los vecinos accedieron a retirarse temporalmente mientras las grúas permanecen paradas. Acusan a la constructora de actuar sin autorización de la fiscalía y sin informar al Gobierno de la Ciudad, intentando "tapar pruebas", según el abogado Fernando Burlando en radio Continental.
Los afectados llevan tres días fuera de sus casas, viviendo en hoteles con lo puesto tras solo cinco minutos para rescatar pertenencias. Testimonios revelan angustia extrema: familias con niños pequeños, pérdidas de autos y motos, dificultades laborales sin certificados ni documentos, y colapso emocional por la incertidumbre de cuándo volverán.
La situación explotó por la desesperación acumulada, con vecinos afirmando que "boludearon mucho con nosotros" y que defenderán sus hogares, vidas y proyectos ante la falta de explicaciones de autoridades.