Bandas mexicanas se instalaron en Argentina alrededor de 2006-2007 para traficar efedrina, precursora de la metanfetamina prohibida en México. Importaban miles de kilos desde China e India, superando la cuota legal de 500 kilos para medicamentos, y la procesaban en laboratorios improvisados como el de Maschwitz, detectado por una explosión y olor a huevo podrido.
El triple crimen de General Rodríguez involucró a Sebastián Forza, Ferrán y Vina, farmacéuticos que compraban y vendían efedrina a mexicanos. Un empleado, Bilán, se suicidó tras reunirse con un periodista. Surgieron cargamentos ocultos en botellas de vino, azúcar y un embarque abandonado en Ezeiza durante el gobierno de Macri.
Juan Jesús Martínez Espinosa, químico de León, Guanajuato, lideró el tráfico: producía clorhidrato de efedrina en labs, enviaba vía azúcar (secuestrados 600 kilos en 12.000 kilos de azúcar) y vino. Compró propiedades en Pilar y Maschwitz, alquiló habitaciones para labs. Detenido en Paraguay tras prófuga, cumplió 12 años en Ezeiza y fue extraditado.
En entrevistas, Martínez Espinosa negó vínculos directos con el triple crimen, culpó a socios como Fernando Ventura e Iván, y alegó negocios legítimos de vinos. Conoció a Forza en un restaurante. Familiares de víctimas como Ferrón reclaman justicia impura; muchos implicados, incluyendo ex policías y empresarios como Israel, quedaron libres pese a autos de lujo secuestrados como Roll Royce.
El negocio decayó por regulaciones estrictas post-escándalos, aunque María Servini avanzó en investigaciones. Quedaron impunes funcionarios y narcos pese a la magnitud del caso.