El equipo del Estudio Burlando, representando a los vecinos de las Torres de Libertador, confrontó a la Policía de la Ciudad exigiendo identificar quién autorizó el trabajo de la retroexcavadora en el cráter del estacionamiento colapsado. Pablo Caruso, contador del estudio junto a un ingeniero, advirtió que sin orden judicial de la Fiscalía se comete un delito adicional al remover posibles pruebas en el punto neurálgico.
Los vecinos denuncian fallas crónicas de la constructora COSUD desde 2021, con filtraciones de agua con sedimentos que dañaban autos y arreglos temporales fallidos. El colapso generó tensión: una vecina arrancó la faja de seguridad discutiendo con oficiales, mientras la policía vallaba por seguridad ante riesgos de saqueos en la zona peligrosa cerca de Pompeya y barrio Sabaleta.
No hay contacto de COSUD con los representantes; se espera un oficio fiscal detallando pasos. Los damnificados, trabajadores que pagaron cuotas con esfuerzo, enfrentan daños económicos, incertidumbre en hoteles hasta el lunes y posible corte de débitos por Banco Ciudad. Casos graves incluyen personas con discapacidades, mascotas y oxígeno.
Torres vecinas corren riesgo similar, según perito de la UBA contratado por residentes de enfrente, que desde 2021 reportaban problemas idénticos. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio información confusa vía X y fiscalía, generando desconfianza y nerviosismo entre grupos de vecinos con visiones distintas.
La cobertura en vivo mostró dramatismo y complejidad, con abogados canalizando reclamos por resarcimiento y diálogo claro, mientras se aguarda respuesta sobre la autorización de las máquinas.