Los vecinos de las Torres de Libertador expresaron profunda desconfianza hacia la constructora COSUD, responsable del edificio donde colapsó el estacionamiento subterráneo. Revelaron que desde 2021 venían reportando filtraciones de agua con sedimentos que arruinaban autos y problemas estructurales recurrentes, con arreglos temporales que fallaban repetidamente.
Un vecino contó que negociaban con COSUD hace tres o cuatro años por cuotas y daños, y que en los últimos dos meses la empresa trabajaba en esa zona específica, lo que podría haber debilitado aún más la estructura y provocado el derrumbe. Afortunadamente, ocurrió de madrugada sin operarios ni niños del barrio, salvando vidas en un lugar frecuentado por familias.
Exigieron un canal de diálogo abierto con información precisa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la fiscalía para reducir la incertidumbre, ya que no pueden acceder a sus departamentos ni saber cuándo volverán. El Gobierno gestionó el stop debit de los créditos hipotecarios con el Banco Hipotecario e Iconuba, y ahora tramitan lo mismo para las expensas automáticas.
Llegaron abogados contratados por la mayoría de los vecinos para acceder al expediente y peritos propios, pero surgieron tensiones: vecinos detuvieron la retroexcavadora por falta de aviso previo, discutieron con Infantería y policía por vallas de seguridad, y algunos excluyeron a los medios de asambleas, generando roces con periodistas en vivo.
La situación permanece tensa con 600 afectados en hoteles, faltantes en viviendas por inseguridad del barrio y movimientos rápidos: una vecina arrancó la faja policial argumentando que ellos deciden sobre trabajos que irritan.