La policía reprime nuevamente a personas con discapacidad que protestan frente al Ministerio de Salud por incumplimiento de pagos y aumentos insuficientes, dejando a instituciones al borde del cierre.
Valentina Bassi, madre de un niño con síndrome de Down, denuncia que las escuelas tomaron deudas el año pasado para sobrevivir, pero ya no pueden más, y las familias pagan terapias y transporte de su bolsillo porque el Estado no cumple la ley.
Los aumentos de octubre fueron del 5,7% cuando se necesitaba un 40%, y recién ahora pagan ese mes; el ministro de Salud es acusado de favorecer a las prepagas, que se benefician con ahorros del 71% según datos de la Superintendencia.
El Congreso mantuvo la ley de emergencia en discapacidad pese a la resistencia del gobierno con Adorni a la cabeza, pero el Ejecutivo ignora la justicia y reprime a los manifestantes más vulnerables.