Las familias de personas con discapacidad protestan frente al Ministerio de Salud en Moreno y 9 de Julio porque el gobierno nacional no cumple con la Ley de Emergencia aprobada el año pasado. Denuncian pagos adeudados desde octubre, aumentos del 27% no aplicados y falta de reglamentación efectiva de prestaciones esenciales como terapias, transporte y atención profesional.
Madres como una que trabaja en otros lugares para solventar explican que la situación es insostenible y no pueden cortar las rutinas ni terapias de sus hijos. Otra madre cuenta que el transporte escolar particular se cortó hace un mes porque los transportistas no cobran, dejando al hijo sin ir al colegio ya que tiene fobia al transporte público.
Las pensiones de 300.000 pesos mensuales más bono de 70.000 no alcanzan para nada, según las manifestantes de Quilmes, cuyo hijo de 18 años nació con hemiplegia, válvula en la cabeza, problemas de vista y retraso madurativo, necesitando múltiples profesionales que ahora no pueden pagar.
El gobierno reglamentó la ley el 3 de febrero tras un fallo judicial pero dejó grises que impiden el cumplimiento, generando colapso del sistema que funcionaba mínimamente antes. Hay un fuerte operativo de Policía Federal para evitar cortes de tránsito, pero no reciben a los manifestantes en el ministerio.