Las organizaciones de familias y prestadores con discapacidad mantienen una protesta frente al Ministerio de Salud por pagos adeudados desde octubre, tras la disolución de la ANDIS y la no actualización del nomenclador, pese a la ley de emergencia aprobada que el gobierno busca vetar.
Transportistas paralizaron servicios desde el 25 de febrero porque no pueden sostener costos como combustible sin cobrar del PAMI y el Ministerio de Salud. Familias denuncian que los chicos quedan confinados sin transporte a centros de día, sin terapias ni medicaciones, y obras sociales demoran hasta 90 días los pagos.
El padre Molero y otros explican que aumentos parciales del 29% y 35% no cubren deudas antiguas devoradas por la inflación, y el plan Incluir Salud devolvió 30.000 millones de pesos a rentas generales sin pagar prestaciones. Prestadores como escuelas especiales funcionan a medias, con asistencia reducida.
Policía desplegó un fuerte operativo para confinar la marcha a la vereda en Moreno y 9 de Julio, sin cortes de tránsito pero con empujones. Madres solas relatan dejar hijos solos para trabajar y reclaman empatía, cumplimiento de la ley y pagos a transportistas para no quitar derechos.
Sectores como CET y madres de chicos con síndrome de Down exigen pañales mensuales y remedios, recurriendo a jueces por incumplimientos. La situación repite la del año pasado, asfixiando instituciones y familias.