La policía reprimió brutalmente a manifestantes con discapacidad y familiares frente al Ministerio de Salud, que exigían el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad para evitar cierres de instituciones y garantizar tratamientos y transporte.
Valentina, madre de un niño con discapacidad, relató cómo efectivos sin identificación avanzaron con escudos y bastones sobre personas en sillas de ruedas, ciegas y niños, pese al reclamo pacífico. Denunció que las deudas acumularon porque las instituciones tomaron créditos el año pasado para no cerrar, pero ya no pueden más y la ley no se cumple.
La situación empeoró: aumentos insuficientes del 5,7% en octubre y menos del 5% ahora, cuando se necesita 40%. Familias pagan terapias y transporte de su bolsillo. Acusaron al Ministro de Salud, identificado como Lugones, de trabajar para las prepagas, que se benefician con un ahorro del 71% en la Superintendencia de Servicios de Salud.
La directora del centro DIR, con 60 años de antigüedad y 30 jóvenes adultos con discapacidad intelectual, reveló que no reciben pagos de PAMI, Incluir Salud, ANDI ni PNC. Las cuentas están en cero, empleados sin sueldos de dos meses, y familiares aportan comida y dinero vía rifas. Amenazan cierre inminente.
Una familiar contó que sus hermanos de 56 y 57 años con discapacidad volverían a casa de su madre de 81 años si cierra el centro, ya que ella trabaja para mantenerlos con jubilaciones mínimas. El conductor resumió que la crisis es peor que el año pasado pese a la ley aprobada.