La AFA, liderada por Claudio Tapia, logró la liberación del gendarme Nahuel Gallo tras 448 días preso en Venezuela mediante gestiones deportivas humanitarias con asociaciones de fútbol, el presidente de la CONMEBOL y contactos con el gobierno venezolano, evitando canales políticos.
El abogado Gregorio Dalbón denunció que el juez federal Diego Amarante intentó frustrar el operativo con una resolución prohibiendo la salida de Tapia del país, motivada por política en lugar de criterios jurídicos, lo que generó temor de que se cayera la operación secreta en danza desde Río de Janeiro.
El gobierno argentino, desconociendo las gestiones de la AFA, emitió un comunicado tardío reconociendo solo el rol de Italia, Estados Unidos y Foro Penal, omitiendo completamente la labor clave de la AFA, pese a que Venezuela insistió en resolverlo como asunto deportivo y no político con Delcy Rodríguez.
Panelistas criticaron el sectarismo del gobierno de Patricia Bullrich, llamándolo fracaso diplomático de la cancillería que rompió puentes con Venezuela, y al juez Amarante como parcial e influido políticamente, mientras Tapia cumplió su misión humanitaria pese a todo.
Bullrich admitió en audio dos meses de trabajo intenso vía aliados, pero tiró responsabilidad a los involucrados con el régimen chavista, destacando la falta de relación diplomática directa.