El Senado vive un debate intenso por el régimen penal juvenil, con Carolina Lozada afirmando que "el juez lo hizo, los narcos se adueñaron de nuestros hijos".
La norma aplica desde los 14 años para delitos graves, con foco en responsabilidad, educación, resocialización e integración social del adolescente, sin equipararlo a adultos.
Se garantizan derechos constitucionales e internacionales; los progenitores serán civilmente responsables y se impondrán medidas complementarias como tratamientos o programas.
Críticas destacan costos de prisiones y fallas en centros juveniles actuales, vistos como escuelas de delincuencia; busca alinearse con estándares de América y Europa.
El objetivo es superar el riesgo social evidenciado en el delito, fomentando responsabilidad legal en adolescentes.