El senador Gonzalo Guzmán Coraita defendió en el Senado el proyecto que deroga la ley 22.278 de 1980 y establece un régimen penal juvenil para adolescentes de 14 a 18 años. Explicó que prohíbe la prisión perpetua, fija un tope máximo de 15 años de privación de libertad como último recurso y prevé nueve tipos de sanciones, como reparativas, educativas y terapéuticas, con medidas graduales desde prisión domiciliaria hasta centros cerrados.
Destacó la figura del supervisor, que acompaña la reinserción del adolescente más allá de la sentencia, bajo control judicial. El proyecto excluye a imputables por salud mental, obliga a separar jóvenes de adultos en institutos especializados y coordina con la ley de salud mental para casos de consumo de drogas. Guzmán Coraita argumentó que alinea a Argentina con estándares internacionales de derechos humanos, como la Convención de los Derechos del Niño.
En su cierre, enfatizó que la sociedad reclama justicia, recordó el reclamo de familias de víctimas en comisión y pidió aprobación del proyecto por equilibrar derechos de víctimas, adolescentes y seguridad social. Tras su intervención surgieron cruces por el reglamento: la senadora Di Tulio acusó a Guzmán Coraita de leer su discurso, violando normas con rango constitucional, y exigió a la Presidenta hacer cumplir el reglamento.
Guzmán Coraita replicó citando a Domingo Faustino Sarmiento, defendiendo apuntes para ordenar discursos frente a "peroratas vacías". La senadora Orozco contraatacó reclamando respeto a artículos sobre alusiones irrespetuosas, interrupciones y faltas al orden del reglamento, aludiendo a la "máxima referente" opositora con tobillera electrónica. Di Tulio insistió en violaciones reglamentarias.
El senador Jorge Capitanich inició su turno anunciando análisis de antecedentes, comparado e impacto fiscal de la reforma a la Ley 22.278, en contexto de baja productividad legislativa histórica del Congreso.