El senador Gonzalo Guzmán Coraita defendió en el Senado el proyecto de ley que deroga la ley 22.278 de 1980 y establece un régimen moderno de responsabilidad penal juvenil para adolescentes de 14 a 18 años. Argumentó que el cambio es progresivo, no regresivo, y alinea a Argentina con estándares internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional.
Citó estadísticas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: en 2024 ingresaron 18.972 causas penales de menores, un 10% más que las 17.551 de 2023. Detrás de los números hay víctimas, familias y adolescentes con historias que requieren intervención estatal para prevenir reincidencia. Comparó con la región: solo Argentina y Cuba mantienen 16 años, mientras Brasil, México, Ecuador y Costa Rica bajan a 12.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó en 2010 y 2018 abandonar el sistema tutelar actual por uno especializado, con privación de libertad excepcional y breve. El proyecto respeta principios de especialidad, proporcionalidad, interés superior del niño y última ratio, con medidas socioeducativas y acceso a educación y salud.
Aprobado en la Cámara de Diputados por consenso con 81 firmas tras 9 reuniones en 4 comisiones y 28 expositores de UNICEF, Defensoría General, jueces y sociedad civil, el Ejecutivo propuso 13 años pero se fijó en 14. Incluye 11 capítulos: derechos de víctimas con participación activa, penas hasta 15 años máximo sin perpetuas, 9 tipos de sanciones graduales.
Introduce supervisor para reinserción post-sentencia, excluye casos de salud mental, exige institutos especializados separados de adultos y coordina con ley de salud mental para respuestas integrales.