La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por no resolver pendientes judiciales y reducir juzgados de 80 a 10. Panelistas destacan que el foco está en formalizar informales sin vacaciones ni aportes, pero genera dudas sobre aplicación a trabajadores actuales y seguridad jurídica para empresas.
Diego Armesto advierte que la ley deja flancos abiertos en tribunales, con la CGT amenazando judicializar y miles de casos por definir si aplica el viejo o nuevo régimen. Se cuestiona qué pasa con jueces existentes y si viola la Constitución, afectando inversiones pese al RIGI.
Empresas prefieren esta reforma a la actual para nuevas contrataciones, pero dudan por posibles marchas atrás judiciales. Sheila analiza paradojas: éxitos legislativos no capitalizados en opinión pública, con antipolítica vigente y concesiones vistas como compra de voluntades.
Imagen de Milei y gestión nacional estancada en 40 puntos, pese picos de 50% post-elecciones y meses benévolos como vacaciones. Desgaste por bolsillo y sensibilidad antipolítica, aunque gobierno eficiente en negociaciones.
La conflictividad laboral preexistente persiste, con justicia empapelada, y la reforma pospone debates a tribunales individuales.